Las acciones de un imperio desgastado: doctrina Donroe para América Latina y la inestabilidad asociada

Flávia Abud Luz

A lo largo del gobierno de Trump 2.0 hemos observado fenómenos interesantes que me recordaron algunos fragmentos de la argumentación de Paul Kennedy en Auge y caída de las grandes potencias (año), en los que el autor plantea que, en momentos de declive de poder relativo, una potencia tendería a buscar formas de «reaccionar»; es decir, de expresar que continúa siendo relevante para las relaciones y la política internacionales a partir de actos grandiosos de refuerzo de la seguridad (considerando la dinámica de autoayuda en un sistema internacional anárquico). Así, podemos pensar que en un contexto como el actual, en el que Estados Unidos ha perdido espacio frente a potencias como China, resulta interesante observar que el primero parece asumir la postura descrita por Kennedy al gastar más en seguridad, un aspecto que hace que la elección racional de la asignación de recursos se vuelque hacia elementos orientados al poder material, es decir, bélico.

La llamada Doctrina Donroe, establecida con el regreso de Donald Trump a la presidencia de los EE. UU. en 2024, dejó de lado una postura basada en la cautela y en un cierto distanciamiento respecto a la política interna de los países de la región de América Latina, y pasó a actuar a partir del denominado principio de excepcionalismo. Este elemento ya se había observado anteriormente en la política exterior norteamericana en el contexto de la Doctrina Monroe (formalizada en 1823), por ejemplo, cuyo objetivo inicial era impedir la actuación española y de otras potencias europeas en el hemisferio occidental. Con el paso de las décadas, la doctrina fue revisitada, alcanzando quizás su apogeo con la gestión del presidente Theodore Roosevelt, quien, bajo la política del «Big Stick» (Gran Garrote), comenzó a utilizar el pretexto de proteger la seguridad de América (como continente) para realizar intervenciones de carácter político y militar en países de América Latina y el Caribe.

El presente artículo tiene como objetivo central analizar, aunque sea de manera breve, la reciente actuación de los EE. UU. en América Latina, considerando sus impactos a corto y medio plazo en temas que ya son complejos para la región, tales como los debates en torno al concepto de soberanía, la estabilidad política interna, la seguridad fronteriza y los crímenes transnacionales. La hipótesis que aquí se discute es que tales acciones (o incluso discursos, como en el caso del apoyo a Rodrigo Paz en Bolivia) pueden interpretarse como una forma desesperada de los EE. UU. por evitar que potencias como China cuestionen el status quo. Así, el desgastado imperio norteamericano avanza a pasos agigantados en una ofensiva para asegurar las «lealtades» políticas locales, garantizar recursos naturales y, al mismo tiempo, intentar mantener la región bajo su influencia.

Excepcionalismo y política exterior de los EE. UU. para América Latina y el Caribe

El principio de excepcionalismo, basado en la idea de que los EE. UU. (debido a sus valores de libertad y democracia) tienen una misión de liderazgo en el mundo, es uno de los pilares de la política exterior norteamericana. El excepcionalismo tuvo un gran peso político en el siglo XIX y una variante popular del mismo se difundió ampliamente a partir de la filosofía del Destino Manifiesto: una especie de creencia popular de carácter casi mesiánico que dictaba que el pueblo estadounidense estaba «guiado por Dios» para expandir su territorio por todo el continente americano, entre los océanos Atlántico y Pacífico.

Más que una filosofía, el Destino Manifiesto movilizó acciones en los campos interno y externo; es decir, en la política nacional y en la política exterior de los EE. UU. a lo largo del siglo XIX. En el ámbito interno, el acontecimiento más importante fue justamente la llamada Marcha hacia el Oeste, un movimiento agresivo de ocupación territorial de regiones como California y Oregón, en un proceso que conllevó mucha violencia hacia las comunidades indígenas existentes en los territorios objeto de ocupación, así como respecto a los recursos naturales presentes en ellos, los cuales, al ser descubiertos, fueron explotados de forma no sostenible.

En el contexto externo, se puede destacar el movimiento inicialmente pacífico de adquisición de territorios por parte de los EE. UU. mediante negociaciones y acuerdos financieros con potencias europeas en la región, como fue el caso de Francia, España y Rusia, países a los que se les compraron, a través de compensaciones económicas, los territorios de Luisiana, California y Alaska, respectivamente.

Además, la expansión sacó a la luz procesos relevantes para la consolidación territorial norteamericana, tales como la Intervención estadounidense en México (entre 1846 y 1848), en la que México y los EE. UU. presentaban visiones muy particulares sobre los límites territoriales de Texas (considerando que el territorio englobaba también Colorado y Nuevo México) y buscaban justificar su presencia y control en la región.

En lo que respecta a la actuación en América Latina, se puede destacar la Doctrina Monroe (formalizada en 1823), por ejemplo, que en su contexto inicial tenía como objetivo impedir la actuación española y de otras potencias europeas en el hemisferio occidental. Con el paso de las décadas, la doctrina fue revisitada, teniendo quizás su auge a partir de la gestión del presidente Theodore Roosevelt, quien, bajo la política del «Big Stick», empezó a usar el pretexto de «proteger la seguridad de América» (como continente) para realizar intervenciones de índole política y militar en países de América Latina y el Caribe. De este modo, se puede observar que la doctrina desarrolló un doble rasero moral de actuación que, al mismo tiempo que pretendía «impedir» la proyección de poder de los países europeos en la región, no dudaba en transformarla en una especie de tablero geopolítico propio.

Entre las décadas de 1960 y 1980, la retórica de los valores democráticos que guio el excepcionalismo norteamericano, principalmente en la primera mitad del siglo XX, se desmoronó. En el contexto de la Guerra Fría, la defensa abstracta de la «democracia» fue sustituida por una lógica que priorizaba la contención del comunismo bajo la égide de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN). A diferencia de las teorías militares tradicionales, que tendían a ver la figura del enemigo en forma de una fuerza externa que intentaba invadir las fronteras del Estado, para la DSN el peligro real estaba dentro del territorio; es decir, bajo la lógica de la Guerra Fría, cualquier forma de acción comprendida como disidencia política (tales como movimientos sociales, sindicatos, grupos estudiantiles o intelectuales) era etiquetada como «subversiva». Así, la nueva lógica de enemistad pasó a tener como principal objetivo al propio ciudadano que cuestionara el orden establecido.

La DSN moldeó la política exterior de los EE. UU. hacia América del Sur al entrenar a las fuerzas armadas de diversos países de la región en la Escuela de las Américas, promoviendo el combate al «enemigo interno» (disidentes políticos, movimientos sociales y guerrillas). Asimismo, la inteligencia americana fue connivente con la red de represión clandestina transnacional que dio lugar a numerosas ejecuciones, torturas y desapariciones.

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca consolidó una mutación profunda en el uso del excepcionalismo: la retórica tradicional de «exportar la democracia» y actuar como el «líder del mundo libre» fue ampliamente abandonada en favor de un nacionalismo rígido, sintetizado en el eslogan «America First» (Estados Unidos Primero) y oficializado en una Estrategia de Seguridad Nacional basada en tres elementos centrales:

1. Seguridad doméstica sobre desarrollo: La actuación de Trump hacia la región dejó de estar pautada por el desarrollo económico o la ayuda humanitaria (con recortes drásticos en el presupuesto de la USAID), algo que se observaba en administraciones anteriores. En su lugar, Trump se enfocó en el debate sobre la seguridad doméstica de los EE. UU. Bajo la justificación de combatir el narcotráfico y el crimen organizado, la administración comenzó a actuar de forma agresiva y unilateral, ejemplificado por la intensificación de la Operación Southern Spear (Lanza del Sur) en el Caribe y el Pacífico Este, que recurre a bloqueos navales y demostraciones de fuerza.

2. Asfixia económica: El desarrollo de medidas de asfixia económica e aislamiento contra países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, acción que estuvo alineada con las intervenciones directas y unilaterales en las rutas caribeñas, así como el bloqueo total a buques petroleros sancionados.

3. Alianzas ideológicas condicionadas: Se manifestó en el establecimiento de alianzas ideológicas con gobiernos alineados con la derecha en la región, convirtiendo a los EE. UU. en un socio prioritario (en un intento de aislar la acción de China en la región) a partir del condicionamiento comercial a la cooperación absoluta en la contención de los flujos migratorios.

   
   

Discurso e intento de contención de las manifestaciones populares en Bolivia

La reciente estrategia norteamericana para Bolivia se enfoca en tres grandes ejes interconectados: la carrera global por los recursos minerales, la contención de rivales extrarregionales y el realineamiento ideológico en América del Sur. Dicho diseño estratégico puede considerarse a raíz de un cambio central en Bolivia: la derrota electoral del partido MAS (Movimiento al Socialismo) en los comicios presidenciales celebrados en el segundo semestre de 2025 y la subsecuente investida de Rodrigo Paz, quien en sus primeras acciones como gobernante ya retomó canales diplomáticos entre La Paz y Washington que llevaban años inoperantes.

Desde un punto de vista pragmático, el eje más relevante de la estrategia norteamericana parece ser, de hecho, la carrera por los recursos minerales, considerando que Bolivia posee las mayores reservas conocidas de litio del mundo (Ledebur y Weinthal, 2025) y es justamente la magnitud de esa reserva lo que atrae el interés depredador de corporaciones transnacionales y potencias extranjeras en la carrera por la descarbonización.

A pesar de poseer esta reserva masiva concentrada en el Salar de Uyuni, Bolivia enfrenta inmensos desafíos socioeconómicos y tecnológicos para transformarla en una producción efectiva. Desde 2010, el país adoptó una estrategia de extracción liderada por el Estado (a través de la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos - YLB), pero en los últimos años comenzó a firmar contratos complejos con inversores extranjeros para intentar viabilizar la industrialización de dicha reserva. Este cambio de actuación por parte del gobierno boliviano transformó la región en un laboratorio de alto riesgo para los derechos indígenas, ya que la presión geopolítica y el interés depredador global por acceder a la inmensa cantidad de minerales críticos atropelló los procesos de consulta previa locales; es decir, se han desrespetado los derechos de las comunidades indígenas locales.

Bajo el liderazgo de Donald Trump y del gobierno de Rodrigo Paz, se entablaron negociaciones para construir acuerdos de cooperación tecnológica que ampliarían la presencia norteamericana como un actor importante en Bolivia, sobre todo por la promesa de inversiones financieras y tecnológicas para impulsar la producción boliviana, que históricamente quedó muy por detrás de vecinos como Chile y Argentina.

El segundo eje de la actuación del gobierno de Trump en Bolivia está directamente relacionado con el primero y, en síntesis, busca garantizar la contención de rivales extrarregionales; es decir, contener la acción de actores como China y Rusia, dado que a lo largo de las décadas de gobierno lideradas por el partido MAS (Movimiento al Socialismo), tales países se aproximaron a Bolivia en negociaciones relacionadas con la extracción directa del litio. Esta aproximación generó la celebración de consorcios con empresas estatales chinas (como CBC) y rusas (Uranium One).

Considerando los objetivos geopolíticos de los EE. UU. en la región de América del Sur, el interés geopolítico actual de Washington es utilizar al nuevo gobierno de centro-derecha en La Paz para debilitar o revisar los contratos antes mencionados, limitando la presencia de tecnología y capital chino y ruso en sectores estratégicos y en la infraestructura crítica del continente.

Por último, el tercer eje de actuación, el realineamiento ideológico en América del Sur, está relacionado con la percepción del gobierno norteamericano de que la orientación política de Bolivia afecta directamente al equilibrio de poder regional. La aproximación de La Paz a Washington serviría, así, para fortalecer un bloque de gobiernos alineados con el espectro liberal-conservador y pragmático en la región, complementando el diálogo que los EE. UU. mantienen con otros gobiernos de derecha y centro-derecha en América del Sur, tales como Argentina bajo el liderazgo de Javier Milei.

Este «realineamiento político-ideológico» generó una fuerte reacción de la sociedad civil boliviana: el gobierno de Rodrigo Paz comenzó a enfrentar una intensa ola de protestas, huelgas y rebeliones sociales lideradas por movimientos indígenas, mineros y sindicatos vinculados al MAS y a Evo Morales, quienes cuestionan las agendas de privatización y la fuerte inflación. Recientemente, el 20 de junio de 2026^1, tras cerca de 50 días de protestas y convulsión social, el presidente boliviano Rodrigo Paz declaró el estado de emergencia, una medida que otorgó al presidente poderes constitucionales para «restaurar el orden», tales como el envío de las fuerzas armadas para garantizar la liberación de zonas y carreteras que sufren bloqueos.

El interés de los EE. UU., por lo tanto, también reside en monitorear e intentar garantizar la estabilidad del gobierno aliado frente al riesgo de convulsión social, puesto que las acciones de los manifestantes fueron incluso descritas en un pronunciamiento reciente del gobierno norteamericano como una «amenaza a la seguridad y a la democracia» boliviana.

Las garras del águila llegan al norte de Brasil: la reciente clasificación del CV y del PCC como terroristas por la Casa Blanca

La reciente clasificación de las organizaciones criminales Comando Vermelho (CV) y Primeiro Comando da Capital (PCC) como terroristas por parte del gobierno de los EE. UU. refuerza la injerencia del gobierno de Trump en la región de la Panamazonía, sobre todo al justificar dicha acción como parte del «compromiso» de la mencionada administración respecto al enfrentamiento a las organizaciones criminales que actúan en diferentes vertientes de los delitos transnacionales, pero especialmente en el narcotráfico. Para comprender mejor los últimos acontecimientos, es importante analizar todos los elementos que componen la coyuntura.

Primero, la decisión tomada por la Casa Blanca en la última semana de mayo de 2026 posee un factor importante ligado al posible desarrollo de acciones unilaterales por parte de los EE. UU. para «neutralizar amenazas» a su seguridad; es decir, estaríamos ante la formación de un discurso, impulsado por los EE. UU., que busca titulizar o securitizar un tema (en este caso sería teóricamente el combate al narcotráfico y delitos transnacionales correlacionados en la región de la panamazonía) y garantizar así cualquier actitud tomada para interceptar aeronaves o barcos procedentes de Brasil en el espacio aéreo o marítimo internacional.

Segundo, y directamente vinculado al punto anterior, se encuentra el peligroso precedente de que tales interceptaciones o intervenciones «menores» abran espacio para una especie de «tutela» del territorio brasileño, desafiando su soberanía para tratar el tema de la violencia y los delitos relacionados con las acciones de las organizaciones criminales (CV y PCC) en el país. Lo que se puede discutir aquí es justamente el cuestionamiento de la soberanía territorial brasileña; es decir, el hecho de que un actor externo (los EE. UU.) pueda interferir en aspectos de la gestión poblacional y de la violencia que configuran un aspecto central de la soberanía estatal y que pautó el desarrollo de los Estados modernos.

Resurge, así, la ya cuestionada idea de la soberanía compartida, basada en la posibilidad de cooperación entre Estados en una temática determinada, flexibilizando la noción de soberanía más restringida. Dicha discusión también enciende la reflexión sobre lo que sería la erosión de la soberanía estatal, considerando que en algunos territorios controlados por organizaciones criminales el propio Estado tiene dificultades para actuar y ejercer su poder, ya sea mediante la aplicación de las leyes o a través de políticas públicas o servicios básicos (saneamiento, seguridad).

La forma en que la Casa Blanca actuó al clasificar al CV y al PCC generó, en cierta medida, fricciones y obstáculos en las relaciones bilaterales entre ambos países, sobre todo si observamos que el gobierno brasileño y el norteamericano habían firmado, hace poco menos de dos meses, una cooperación internacional mediante el Proyecto MIT (Mutual Interdiction Team), oficializado en el sitio web del gobierno brasileño el 10 de abril de 2026. En este proyecto, la Receita Federal Brasileña (Agencia Tributaria) y la agencia de fronteras norteamericana se habían comprometido a intercambiar información de inteligencia para interceptar remesas ilícitas de dinero y armamento. La iniciativa fue fruto de un acercamiento entre EE. UU. y Brasil en enero de 2026, momento en el que ambos países discutieron la posibilidad de acciones más efectivas entre sí para lidiar con los diversos frentes de la acción criminal, especialmente en la Triple Frontera. Sin embargo, la reciente acción unilateral norteamericana invisibiliza una iniciativa conjunta que parecía prometedora y, al mismo tiempo, debilita al gobierno brasileño, al que se le empieza a exigir el desarrollo de medidas más enérgicas para lidiar con la seguridad regional (pensando en un recorte de la Panamazonía, por ejemplo) y hacer frente a las diversas acciones criminales desarrolladas por las facciones que actúan en territorio nacional.

También es importante resaltar que actualmente la Ley Antiterrorismo en Brasil es restringida en su definición de terrorismo, ya que encuadra como tal únicamente prácticas o actos violentos que estén motivados por elementos como la xenofobia y la discriminación (basada en color, raza, etnia o religión) y que tengan la intención de generar cierto desorden social. Así, las organizaciones criminales como el CV y el PCC no son clasificadas como terroristas por el Estado brasileño, sobre todo considerando que la motivación financiera (ganancias a través del tráfico de drogas, armas y otros delitos financieros como el lavado de dinero y la especulación inmobiliaria) es el principal elemento que aún las mantiene en la «categoría» de facción criminal.

El 2 de junio de 2026, varios diputados presentaron en la Cámara de Diputados proyectos de ley destinados a cambiar la forma en que Brasil lidia con el tema de las facciones criminales y sus actividades. El surgimiento de tales proyectos refuerza la percepción de que el gobierno brasileño sufrirá una presión interna también en lo que respecta a dicha temática. Entre los proyectos presentados figuran la revisión de la Ley Antiterrorismo (de 2016), considerando un cambio en la definición de terrorismo vigente; mientras que otro proyecto aborda la discusión de la Ley de Migración (de 2017), considerando las posibles implicaciones de restricción de entrada para las personas que tengan cualquier tipo de vínculo comprobado con organizaciones criminales.

Considerando la coyuntura actual y la existencia del Proyecto MIT (Mutual Interdiction Team), también es posible señalar que el único punto viable de cooperación entre EE. UU. y Brasil sería la acción para contener el flujo de dinero llevado desde el país hacia paraísos fiscales; es decir, la asfixia financiera de las facciones criminales actualmente clasificadas sería un punto de convergencia.

A partir de los últimos acontecimientos, podemos reflexionar sobre los impactos económicos, militares y logístico-operacionales más directos para Brasil, especialmente para los estados de la región norte. Al considerar que la región es un punto crucial de la logística de la Panamazonía y, en el caso del estado de Amazonas, es vecino directo de los mayores productores de drogas de la región (Perú y Colombia), es posible que la reciente acción de la Casa Blanca provoque, en el aspecto económico-logístico, que las empresas que operan en los sectores de transporte fluvial, aviación, comercio de combustibles y de algunos insumos agrícolas tengan que lidiar con una fiscalización más intensa; es decir, medidas más rígidas de auditoría/compliance. Esto se debe a que, a partir de la definición de terrorismo de la Casa Blanca, el simple involucramiento con actividades vinculadas a las organizaciones CV y PCC, incluso mediante extorsión o coerción, puede hacer que personas y empresas sean «encuadradas» como agentes que financian actividades de terrorismo.

Con respecto al aspecto militar, se puede destacar que, para hacer frente a las acusaciones de incapacidad para proteger sus fronteras, el gobierno brasileño busque intensificar las acciones en dichas áreas, sobre todo en la Triple Frontera, lo que debería generar un aumento en el contingente militar y en el presupuesto destinado a la defensa. Así, se esperarían mayores actuaciones en los cauces de los ríos Solimões, Negro y Japurá. Por último, todavía en el ámbito militar y económico, podemos pensar en el aumento de la presión proveniente de las ciudades fronterizas (como Tabatinga-Leticia-Santa Rosa) por posibles operaciones de contraterrorismo en las fronteras, un aspecto que puede elevar la violencia y los costos logísticos en la región.

Las acciones de un imperio desgastado

A lo largo del presente artículo he buscado analizar, aunque sea de manera breve, la reciente actuación de los EE. UU. en América Latina, considerando sus impactos a corto y medio plazo en temas que ya son complejos para la región, tales como las discusiones en torno al concepto de soberanía, la estabilidad política interna, la seguridad fronteriza y los crímenes transnacionales.

La hipótesis aquí discutida se confirma desde el momento en que observamos la postura desesperada de los EE. UU. por evitar la contestación del status quo en la región de América del Sur por parte de potencias como China y, al mismo tiempo, garantizar el acceso a minerales críticos, como es el caso de la actuación en Bolivia. En el caso de Brasil, la insistencia de los EE. UU. en interferir en procesos locales —en este caso, traer a colación la cuestión de la calificación de las facciones criminales como terroristas— representa el interés norteamericano de asegurar el acceso a la Amazonía y establecer gobiernos de lealtad en América del Sur. Así, el desgastado imperio norteamericano camina a pasos agigantados en una ofensiva para garantizar las «lealtades» políticas locales, asegurar recursos naturales y, al mismo tiempo, intentar mantener la región bajo una influencia que, paradójicamente, representa el cuestionamiento de su propio poder en la región.

Referencias

• HAESBAERT, Rogério; BÁRBARA, Marcelo de Jesus. Da Doutrina Monroe à “Doutrina Donroe”: breve análise da territorialização geopolítica colonial-imperial dos estados unidos no “hemisfério ocidental”. GEOgraphia, Niterói, v. 28, n. 60, 2026.

• LEDEBUR, Kathryn; WEINTHAL, Erika. Critical minerals governance in Bolivia: Prior consultation, rights, and international standards. Environment and Security, v. 2, nov. 2025.

Flávia Abud Luz

Profesora de Relaciones Internacionales. Doctora en Ciencias Humanas y Sociales por la UFABC. Máster en Estudios de la Religión por la Universidad Presbiteriana Mackenzie. Especialización en Política y Relaciones Internacionales por la FESPSP, y Licenciatura en Relaciones Internacionales por la FAAP.

Áreas de investigación: teorías poscoloniales, relaciones sociales de género, derechos humanos y movimientos de mujeres, conflictos internacionales, política y religión, especialmente temas relacionados con Oriente Medio (subregiones del Levante y del Golfo Pérsico), y política doméstica libanesa.

Autora de los libros “Feminismo islámico, movimientos sociales y la reconstrucción de los derechos de las mujeres en Marruecos” (Editorial Appris, 2025) y “La apropiación de los conceptos de martirio y yihad por Hezbolá y la cuestión de la violencia como resistencia” (Editorial Appris, 2020). Actualmente desarrolla investigaciones sobre la relación entre género, religión y Relaciones Internacionales.

Miembro de los grupos de investigación Ylê-Educare: Educación y Cuestiones Étnico-Raciales (PPGE/Uninove); Gina – Grupo de Investigación en Género, Raza e Interseccionalidades; Derecho a la Educación, Derechos Humanos y Políticas Públicas (UNIAN/SP); y el Grupo de Estudios e Investigación en Movimientos, Interseccionalidad y Políticas Educativas en América Latina – GEMINAL (Univas/MG).

Miembro de la Asociación Brasileña de Relaciones Internacionales (ABRI).