El bolsonarismo ya ha ganado. La segunda vuelta solo decidirá hasta dónde llegará su victoria y cuánto perderá Brasil...

La primera vuelta de las elecciones brasileñas de 2026 fue seguida con atención por buena parte del planeta y dejó un sabor amargo para muchos de aquellos que todavía creen en la posibilidad de construir un Brasil socialmente más justo, ambientalmente responsable, económicamente soberano y comprometido con la ampliación de los derechos civiles. Es cierto que la elección presidencial todavía no ha terminado y que la segunda vuelta determinará si el Palacio de Planalto continuará en manos de Lula o pasará a Flávio Bolsonaro, pero existe una realidad política que ya no puede ser ignorada por el campo progresista: independientemente del resultado de la disputa presidencial, el bolsonarismo ya ha ganado una parte fundamental de las elecciones de 2026.

La razón es sencilla, aunque sus consecuencias sean profundas. La fuerza conquistada por el bolsonarismo en el Senado, en la Cámara de Diputados y en los gobiernos estatales, incluida la victoria en 13 Estados, produce una correlación de fuerzas que ningún presidente podrá ignorar. Existe una creencia bastante extendida en la sociedad brasileña de que el presidente de la República posee poderes casi absolutos, como si quien ocupa el Palacio de Planalto fuera una especie de monarca elegido, capaz de determinar por sí solo los rumbos económicos, sociales e institucionales del país. La realidad, evidentemente, es muy diferente: el presidente necesita al Congreso Nacional, necesita al Senado, necesita negociar con los gobernadores, depende de mayorías parlamentarias para aprobar gran parte de su agenda y encuentra límites institucionales, federativos y presupuestarios que hacen que la Presidencia sea apenas una de las piezas de la compleja arquitectura de poder brasileña.

Por eso, la pregunta más importante en este momento no debería ser únicamente si Lula o Flávio Bolsonaro ganará la segunda vuelta, sino quién tendrá capacidad real para gobernar Brasil después de que se cierren las urnas. Y, mirando el resultado de la primera vuelta, la respuesta resulta incómoda para el campo progresista: el bolsonarismo ha construido una posición estructural de poder que podrá sobrevivir a la propia elección presidencial.

Y eso significa que, incluso si Lula consigue ganar la segunda vuelta, el Brasil que encontrará será políticamente muy diferente de aquel que encontró en 2023. Si Flávio Bolsonaro gana, evidentemente, tendremos una convergencia aún más significativa entre la Presidencia, el Congreso, el Senado y los gobiernos estatales, permitiendo que muchas de las ideas defendidas por el bolsonarismo dejen de ser simplemente un discurso electoral y pasen a convertirse en políticas públicas, legislación, prioridades presupuestarias y decisiones de Estado, “seguir el buen ejemplo de Argentina”, según la líder económica de Flávio Bolsonaro.

Pero existe una cuestión que debería incomodar profundamente al campo progresista: ¿quién perdió realmente con este resultado?

Perdió el medio ambiente, porque una parte significativa de la nueva correlación de fuerzas políticas está asociada a una visión del desarrollo que con frecuencia coloca la expansión económica, la explotación territorial y los intereses del agronegocio por encima de la preservación ambiental. Perdieron los programas sociales, porque las políticas de transferencia de renta, protección social y reducción de las desigualdades pasan a enfrentarse a un Congreso mucho menos dispuesto a tratarlas como instrumentos permanentes de construcción de ciudadanía. Perdieron los derechos civiles, la igualdad de género, los derechos de las poblaciones indígenas, las minorías y la población LGBT, no porque necesariamente todas estas conquistas vayan a desaparecer de un día para otro, sino porque la correlación política que debería protegerlas se ha vuelto mucho más hostil a su expansión y, en algunos casos, a la propia preservación de los derechos conquistados.

También perdió una determinada concepción de patrimonio nacional, según la cual los recursos naturales, minerales, energéticos, ambientales y tecnológicos de Brasil deberían ser administrados a partir de una estrategia de soberanía y desarrollo nacional, y no simplemente tratados como activos disponibles para quien posea una mayor capacidad financiera o una mayor influencia política.

Pero existe una pregunta todavía más incómoda para nosotros, los progresistas, y quizá sea precisamente la que deberíamos hacernos antes de simplemente culpar al electorado: ¿por qué una parte tan significativa de la sociedad brasileña decidió votar por el bolsonarismo? ¿Realmente saben lo que significa el regreso del bolsonarismo?

Durante mucho tiempo, una de las explicaciones más utilizadas fue la corrupción. Según esta narrativa, el elector se habría desplazado hacia la extrema derecha porque estaría cansado de los escándalos, de los desvíos de recursos públicos y de la vieja política, buscando candidatos que representaran una ruptura moral con el sistema político tradicional. El problema es que esta explicación resulta cada vez más difícil de sostener ante la realidad electoral brasileña.

Si la principal motivación hubiera sido realmente la lucha contra la corrupción, ¿cómo explicar que candidatos involucrados en denuncias, investigaciones y diferentes controversias hayan sido elegidos o reelegidos? ¿Cómo explicar la supervivencia política de candidatos asociados al escándalo del Banco Master? ¿Cómo explicar la elección de políticos involucrados en acusaciones relacionadas con esquemas de corrupción, relaciones con facciones o milicias y otras prácticas incompatibles con el discurso de regeneración moral que durante tantos años fue utilizado para movilizar al electorado conservador? ¿Cómo explicar, además, que candidatos investigados por cuestiones relacionadas con la explotación sexual y la infancia hayan conseguido atravesar electoralmente denuncias que, en cualquier sociedad que se tomara en serio el discurso de la defensa de la familia, deberían producir consecuencias políticas devastadoras?

Tal vez sea necesario admitir una conclusión que incomoda: no fue la lucha contra la corrupción la que eligió al bolsonarismo. O, al menos, no fue solamente eso.

Tampoco parece convincente decir que la victoria fue resultado de una gran preferencia por un proyecto económico claramente ausente en la campaña de Flávio Bolsonaro. ¿Dónde está, después de todo, el gran plan económico capaz de demostrar cómo Brasil pretende aumentar su productividad, recuperar su industria, ampliar su capacidad tecnológica, reducir las desigualdades, generar empleos de calidad y enfrentar los problemas estructurales de las cuentas públicas? ¿Lo presentado al electorado fue suficientemente consistente como para justificar un cambio tan profundo en la dirección económica del país o estamos ante una elección esencialmente ideológica, sostenida más por el rechazo al campo progresista que por la existencia de un programa económico detallado?

Cuando Argentina aparece como referencia para justificar determinadas decisiones económicas, deberíamos recordar que un país con las dimensiones, la estructura productiva, los recursos naturales y la posición geopolítica de Brasil no puede simplemente importar modelos económicos como quien elige una franquicia, especialmente uno que está fracasando miserablemente como el argentino... Brasil necesita una estrategia propia de desarrollo, y esa estrategia debería considerar su estructura industrial, su mercado interno, su capacidad agrícola, su biodiversidad, sus recursos minerales, sus reservas energéticas, su posición en el Atlántico Sur y su capacidad para actuar simultáneamente como potencia agrícola, industrial, tecnológica y ambiental.

Entonces, si no fue principalmente la corrupción y tampoco fue necesariamente la economía, necesitamos mirar hacia los intereses que sustentan esta nueva mayoría.

Existe una parte del agronegocio que depende profundamente de las políticas públicas, de la financiación subsidiada, de las infraestructuras, del crédito rural y de mecanismos como el Plano Safra, pero que, al mismo tiempo, con frecuencia se presenta políticamente en contra de las políticas públicas destinadas al resto de la sociedad, como si el Estado fuera indispensable cuando financia sus propios intereses y excesivo cuando financia políticas sociales. Existe una parte del conservadurismo político que reivindica la libertad, pero parece comprender la libertad como el derecho a imponer su propia concepción moral sobre la vida de los demás ciudadanos, especialmente cuando se trata de género, sexualidad, educación, costumbres y derechos civiles.

Existe también una parte del conservadurismo religioso que parece haber entrado en una contradicción particularmente profunda con aquello que afirma defender. La religión, que debería promover la compasión, la solidaridad, la protección de la vida y la dignidad humana, es utilizada en algunos sectores para justificar guerras, apoyar discursos de violencia, relativizar el sufrimiento de poblaciones enteras y transformar conflictos geopolíticos en batallas religiosas. ¿Cómo conciliar una supuesta defensa cristiana de la vida con la indiferencia ante la muerte de niños palestinos? ¿Cómo conciliar la defensa de la familia con el genocidio o la destrucción de comunidades indígenas? ¿Cómo conciliar los valores religiosos con la utilización sistemática del miedo, el odio y la deshumanización del adversario político?

No se trata de atacar a la religión o a los religiosos, sino de cuestionar una instrumentalización política de la fe que transforma las creencias espirituales en herramientas de disputa por el poder. Y quizá exista una contradicción aún mayor en el discurso de quienes se presentan como nacionalistas.

Mientras Estados Unidos, China y la Unión Europea reorganizan sus estrategias para garantizar el acceso a minerales críticos, energía, tecnología, biodiversidad, cadenas productivas y recursos estratégicos, Brasil corre el riesgo de asistir a la transformación de sus riquezas en simples activos de negociación internacional. Donald Trump quiere garantizar el acceso a los minerales críticos y a los recursos estratégicos necesarios para la economía estadounidense del futuro, mientras China desarrolla una estrategia de largo plazo para asegurar cadenas de suministro y dominio tecnológico; Europa busca reducir su dependencia externa y fortalecer su autonomía estratégica. Las grandes potencias han comprendido que los recursos naturales, los minerales críticos, la energía y la tecnología serán instrumentos fundamentales de poder en el siglo XXI.

¿Y nosotros?Tenemos sectores que se presentan como nacionalistas y, al mismo tiempo, parecen dispuestos a entregar nuestras riquezas estratégicas a cambio de ganancias inmediatas. La soberanía no es una bandera izada en un escenario político. La soberanía es la capacidad de decidir sobre el propio territorio, sobre los propios recursos y sobre el propio futuro. Precisamente por eso, la disputa entre Lula y Flávio Bolsonaro no debería reducirse a una guerra entre izquierda y derecha, ni tampoco a una disputa entre dos personalidades políticas. Lo que está en juego es un modelo de Estado, una determinada concepción de sociedad y, sobre todo, una visión sobre el lugar que Brasil pretende ocupar en el mundo.

Lula todavía puede ganar, pero sus posibilidades se ven reducidas ante la dimensión del desafío. Necesita conquistar a una parte significativa de los electores que, aparentemente, permanecen indiferentes o indecisos ante las consecuencias concretas de la elección que están a punto de hacer. Y aquí existe una cuestión que el campo progresista debe abordar con inteligencia, porque simplemente llamar ignorantes, fascistas o irresponsables a estas personas no hará que cambien de opinión.

Necesitamos decir algo mucho más sencillo: estas personas son electores, pero también son ciudadanos, y los ciudadanos viven dentro de las consecuencias de sus propias decisiones políticas. El elector que vota contra la protección ambiental no dejará de respirar el aire contaminado a causa de su voto. El trabajador que apoya la reducción de los derechos laborales no tendrá un contrato especial de protección porque haya votado al candidato que prometía flexibilizarlos. La persona que depende del SUS seguirá dependiendo del SUS aunque haya votado contra las políticas de fortalecimiento del sistema público. La familia que depende de los programas sociales seguirá necesitando estos programas aunque haya votado contra quienes los defienden. El pequeño agricultor seguirá necesitando crédito público, infraestructuras y políticas agrícolas aunque haya apoyado a candidatos que defienden una reducción de la presencia del Estado.

La política no termina en el momento en que depositamos el voto en las urnas. El voto produce consecuencias.Y quizá sea precisamente eso lo que el campo progresista necesita volver a explicar al electorado, sin arrogancia y sin paternalismo: votar significa asumir una parte de la responsabilidad sobre el país que será construido después de las elecciones. Si Lula gana, parte de la sangría que podría resultar de un eventual Gobierno de Flávio Bolsonaro podrá ser interrumpida o, al menos, desacelerada. Lula podrá preservar programas sociales, proteger políticas ambientales, defender los derechos civiles, reconstruir las políticas de ciencia y tecnología, fortalecer la presencia internacional de Brasil e intentar preservar una estrategia de soberanía sobre los recursos naturales y los sectores estratégicos.Pero Lula no podrá hacerlo solo.Y esta es quizá la mayor lección de esta primera vuelta.El presidente de la República no es un rey. Lula no sería un rey. Flávio Bolsonaro tampoco sería un rey.Ningún presidente gobierna solo porque Brasil cuenta con Congreso, Senado, gobernadores, asambleas legislativas, Tribunal Supremo Federal, instituciones de control, sociedad civil, empresas, movimientos sociales y una estructura federativa extremadamente compleja.

Por eso, la segunda vuelta decidirá quién ocupará la Presidencia, pero la primera vuelta ya ha decidido algo mucho mayor: qué fuerza política tendrá una parte considerable de la capacidad de determinar el funcionamiento del Estado brasileño durante los próximos años.Y esa fuerza es el bolsonarismo.

El campo progresista necesita tener el valor de reconocerlo, porque negar la realidad es la manera más rápida de volver a perderla. No basta con celebrar una eventual victoria de Lula mientras se ignora la composición del Congreso, del Senado y de los gobiernos estatales. No basta con defender los derechos sociales sin comprender los intereses económicos que disputan el presupuesto público. No basta con hablar de democracia sin comprender la guerra cultural que está redefiniendo los límites del debate público. No basta con defender la soberanía nacional mientras se permite que nuestras riquezas estratégicas sean tratadas como commodities disponibles para el mejor postor.

El problema no es solamente quién ganará la elección presidencial. El problema es qué Brasil estará esperando al próximo presidente cuando llegue al Palacio de Planalto. Si es Lula, tendrá que gobernar ante un Congreso mucho más conservador, un Senado mucho más conservador y una estructura de poder estatal en la que el bolsonarismo habrá consolidado posiciones importantes. Si es Flávio Bolsonaro, el escenario será aún más profundo, porque aquello que durante años fue una corriente política de oposición podrá encontrar condiciones institucionales para transformar su agenda en política de Estado.Por eso, quizá sea equivocado decir que la segunda vuelta decidirá si el bolsonarismo ganará.

El bolsonarismo ya ha ganado.La segunda vuelta decidirá únicamente hasta dónde llegará esa victoria.Y esta es la realidad que el campo progresista necesita comprender antes de que sea demasiado tarde, porque la verdadera disputa no terminará cuando Lula o Flávio Bolsonaro suban al escenario para celebrar la victoria. Comenzará al día siguiente, cuando descubramos quién tendrá realmente el poder para decidir sobre el medio ambiente, los programas sociales, los derechos civiles, la igualdad de género, las poblaciones indígenas, la población LGBT, las riquezas nacionales, los recursos estratégicos y, sobre todo, sobre el lugar que Brasil ocupará en un mundo cada vez más disputado por las grandes potencias.La primera vuelta nos mostró que Brasil ha cambiado.Ahora necesitamos decidir si el campo progresista tendrá la capacidad de comprender este cambio o si continuará discutiendo el país que le gustaría tener mientras el país real ya está siendo construido por otros.

Wesley Sá Teles Guerra es especialista en internacionalización, cooperación internacional y paradiplomacia, con una sólida formación académica en instituciones de referencia internacional. Es fundador del CERES – Centro de Estudos das Relações Internacionais en Brasil y actualmente se desempeña como gestor del Fondo de Cooperación Triangular entre Europa, América Latina y África en la Secretaria General Iberoamericana, con sede en Madrid.

A lo largo de su trayectoria académica y profesional, realizó estudios en el Centre de Promoció Econòmica de Barcelona en Negociaciones Internacionales; en la Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo en Relaciones Internacionales y Ciencia Política; en la Universidade da Coruña (UDC), donde cursó el Máster en Políticas Sociales y Migraciones; en el Massachusetts Institute of Business, donde obtuvo un MBA en Marketing Internacional; en la Universitat Carlemany, con Máster en Smart Cities; en la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), en Gestión de Fondos y Proyectos Europeos; y actualmente es doctorando en Sociología en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Es autor de las obras Cadernos de Paradiplomacia, Paradiplomacy Reviews y Manual de sobrevivência das Relações Internacionais. Participa regularmente en foros internacionales sobre ciudades inteligentes, gobernanza global y paradiplomacia, y también ha sido comentarista invitado en la CBN Recife. Fue finalista del Premio ABANCA de Investigación Académica e integra redes y plataformas internacionales como CEDEPEM, ECP, Smart Cities Council y REPIT, manteniendo una participación activa en iniciativas internacionales vinculadas a la cooperación, la innovación y la gobernanza.