Venezuela: Nuevo panorama

El 3 de enero de 2026, en menos de tres horas, las fuerzas especiales estadounidenses capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa en Caracas, antes de trasladarlos a una prisión federal en Nueva York.

Nunca antes un jefe de Estado en ejercicio había sido sacado de su palacio para ser encarcelado y juzgado por la justicia de otro país. En Nueva York, el derecho internacional cedió su lugar al derecho penal, y Nicolás Maduro ya no es considerado un jefe de Estado, sino un líder de banda, procesado por narcoterrorismo y tráfico de armas de guerra. Su esposa, por su parte, enfrenta cargos de conspiración para la importación de cocaína.

Esa misma noche de la captura, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano constata una ausencia “temporal” del jefe de Estado y encarga a la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumir la interinidad. Ella rinde juramento el 5 de enero ante la Asamblea Nacional.

Seis meses después, el 24 de junio, un terremoto de magnitud 7,5 en la escala de Richter sacude el norte de Venezuela, tras un primer temblor de magnitud 7,2. Se trata del evento sísmico más violento que el país ha registrado desde 1900. El epicentro se localiza en el estado de Yaracuy, a unos 200 kilómetros al oeste de Caracas, pero los daños humanos se concentran en la Gran Caracas y en el litoral del estado La Guaira, donde ocho hospitales quedan gravemente dañados. El aeropuerto internacional de la capital fue cerrado, se emitieron alertas de tsunami hasta Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, e imágenes de la NASA registraron cerca de 60.000 edificios dañados o destruidos.

Hasta el 19 de julio, el gobierno venezolano registraba más de 5.000 muertos, 16.700 heridos y 18.000 personas sin hogar. Las Naciones Unidas, por su parte, estimaban el número de desaparecidos en unos 50.000 y calculaban las pérdidas en 6.700 millones de dólares.

Añadamos a este panorama un dato que nadie comenta: la Constitución venezolana concede a un interino, en caso de ausencia temporal del jefe de Estado, solo 90 días, prorrogables una sola vez. Ahora bien, desde principios del mes de julio, ese plazo ya ha expirado. No se han convocado elecciones, ninguna autoridad ha constatado esta situación, y Washington dejó claro que no veía ninguna urgencia en organizar elecciones.

La realidad política es, por lo tanto, la siguiente: un gobierno cuyo mandato constitucional ha expirado gobierna un país sin calendario electoral, privado de su principal aeropuerto y de luto por la peor catástrofe de su historia moderna.

En el papel, Venezuela debería estar paralizada, pero ocurre exactamente lo contrario. Mientras la legitimidad constitucional está paralizada, los bancos de inversión, por su parte, ya se han puesto en marcha.

I. El dinero avanza, la legitimidad tendrá que esperar

Paradójicamente, es precisamente la fragilidad del gobierno de Rodríguez lo que acelera los negocios. Consciente de que su tiempo está contado, privada de base electoral y enfrentada al costo astronómico de la reconstrucción, Delcy Rodríguez necesita ofrecer garantías inmediatas a los mercados para mantener los capitales en el país y esperar permanecer en el poder. Venezuela reconoce, por tanto, una deuda de cerca de 240.000 millones de dólares, superando los 150.000 a 200.000 millones que los mercados anticipaban. Esta sería la mayor reestructuración de deuda soberana de la historia moderna, muy por delante del default griego de 2012 y del precedente argentino.

Para dirigir esta ofensiva, Caracas encomendó sus intereses al banco de inversión estadounidense Centerview Partners, con un objetivo claro: obtener un acuerdo global con los acreedores antes de fin de año, incluso antes de que las bases jurídicas del régimen estén estabilizadas.

Además, el contexto macroeconómico que acompaña la operación no tiene precedentes, pues la economía venezolana está valuada en cerca de 100.000 millones de dólares, poco más de un cuarto de los 370.000 millones del último ejercicio completo de la era Chávez, en 2012. Esta nueva valoración eleva la tasa de endeudamiento a más del 200% del PIB.

Tenemos aquí dos efectos opuestos que abren dos perspectivas:

• A corto plazo, se trata de un arma para Venezuela: reconocer un PIB en colapso establece una base de cálculo que impone automáticamente a los acreedores pérdidas masivas, ya que ninguna trayectoria creíble permite el pago de más del doble de la riqueza producida anualmente.

• A largo plazo, se trata de una rendición: el gobierno consagra la ruina del país como punto de partida para todos los compromisos futuros y renuncia a vender cualquier narrativa de recuperación.

Cuál de las dos perspectivas prevalecerá dependerá de una sola variable: el horizonte de quien firma.

Un gobierno que planifica a diez años no negocia de esa forma. El gobierno de Rodríguez, por su parte, gana unos meses y paga esos meses con los recursos y el valor futuro del país, lo cual es racional desde su punto de vista, pero ruinoso para Venezuela.

En abril de 2026, el FMI y el Banco Mundial restablecieron relaciones con Caracas tras siete años de congelamiento. Desde el punto de vista técnico, este acercamiento permite iniciar una evaluación completa de la economía venezolana y considerar el desbloqueo de 5.000 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro hasta entonces congelados (los DEG no son moneda física, sino un activo de reserva que los países miembros intercambian por monedas fuertes para reponer su liquidez).

Sin embargo, un hecho crucial altera la naturaleza de este acercamiento: el análisis de sostenibilidad de la deuda no lleva la firma del FMI. La institución mantiene contactos técnicos con Caracas, pero aclaró que no está dirigiendo la reestructuración liderada por Centerview.

Esta matización es importante, ya que el análisis de sostenibilidad de la deuda no es una mera formalidad contable. Se trata del documento mediante el cual el FMI establece el nivel de endeudamiento que un país puede soportar sin entrar en default ni destruir su economía y, por lo tanto, el monto de las pérdidas que los acreedores deben aceptar. Al fijar este techo, el FMI protege al Estado deudor contra las exigencias excesivas del mercado. Sin esta protección, el gobierno de Rodríguez no negocia su trayectoria macroeconómica, sino que sufrirá un ajuste dictado por el mercado, ante el cual se encuentra en una posición de extrema fragilidad.

La ausencia de un marco oficial acentúa otra vulnerabilidad aún más grave: el riesgo de legitimidad. El plan de viabilidad es solo un marco de discusión, y no se ha formalizado ninguna oferta de canje. La oferta de canje es la operación mediante la cual un Estado propone a sus acreedores la sustitución de los títulos antiguos por otros nuevos, con un valor reducido, tasas más bajas o plazos de vencimiento extendidos. Ahora bien, una emisión de títulos autorizada por un ejecutivo cuyo mandato constitucional ha expirado es jurídicamente impugnable. Un futuro gobierno resultante de elecciones regulares podría intentar invocar la doctrina de la deuda odiosa para negarse a honrar estos compromisos. Sin embargo, cabe aclarar que la doctrina de la deuda odiosa no es una norma consuetudinaria ni está codificada en un tratado, y sus invocaciones ante los tribunales internacionales han fracasado casi sistemáticamente, incluso en contextos más favorables que el de Venezuela. Pero, para los acreedores, la mera perspectiva de años de litigios y de títulos invendibles ya es suficiente para degradar su valor.

La incertidumbre, por lo tanto, no se refiere a la viabilidad de la reestructuración, sino al mecanismo contractual elegido para neutralizar este riesgo de repudio. Dos opciones se enfrentan entre bambalinas:

• El modelo presupuestario clásico: los nuevos títulos están garantizados por la República de Venezuela y se pagan con recursos del presupuesto general. Este es el modelo estándar, pero expone directamente a los inversores al riesgo de que un gobierno electo rechace el acuerdo.

• El modelo de garantía física: para protegerse del riesgo político, los acreedores exigen que el reembolso esté respaldado por los flujos físicos de exportación de petróleo crudo o gas. Técnicamente, se crea una cuenta de garantía fuera de Venezuela, administrada por un banco tercero. Los compradores internacionales depositan los pagos en esa cuenta; los acreedores son los primeros en ser cobrados, y solo el excedente residual vuelve al Estado.

La naturaleza de esta cláusula es la piedra angular de la operación, pero permanece confidencial. Sin embargo, se impone una certeza: los títulos venezolanos están denominados en dólares, regidos esencialmente por la legislación del Estado de Nueva York y poseídos en gran parte por fondos estadounidenses. Por lo tanto, cualquier oferta de canje debe ser autorizada por Washington para ser negociable en el mercado. La autoridad que valida la operación no está radicada ni en Caracas ni en los foros multilaterales, sino en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

II. El OFAC, o cómo transformar el derecho

El instrumento más volátil de la geopolítica estadounidense no es ni un tratado ni un contrato, sino un documento administrativo unilateral y revocable: la licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés). Este órgano del Tesoro de los Estados Unidos posee la capacidad única de trazar la frontera entre lo que es una transacción internacional legítima y lo que constituye un delito financiero sujeto a severas sanciones.

El mecanismo opera bajo dos regímenes:

• La licencia general, que se aplica automáticamente a cualquier entidad que cumpla con los criterios establecidos por Washington, sin necesidad de trámites previos.

• La licencia específica, que es una derogación que exige un extenso proceso de constitución, concesión caso por caso y supervisión constante.

La inestabilidad de este mecanismo es real y se manifiesta, sobre todo, en los megaproyectos energéticos, donde el ritmo industrial de las infraestructuras choca con el ritmo político de Washington.

El campo de gas Dragon, un yacimiento transfronterizo de unos 120.000 millones de metros cúbicos en aguas venezolanas, es el ejemplo más flagrante de esto:

• En 2023: Trinidad y Tobago, cuya economía depende de la exportación de gas natural licuado, se enfrenta al agotamiento de sus reservas nacionales. La isla solicita y obtiene una licencia de la OFAC para explotar el yacimiento Dragon en alianza con la empresa estatal venezolana PDVSA, junto a Shell y su empresa nacional, la NGC. Para el sector, esto representa una señal de grandes inversiones, pero, al cabo de un tiempo, el proceso colapsa.

• En abril de 2025: a raíz de la revocación de la licencia de la empresa estadounidense Chevron, Washington revoca las licencias trinitenses relativas a Dragon y al segundo yacimiento transfronterizo, Cocuina-Manakin, concediendo solo un periodo de liquidación hasta finales de mayo. De la noche a la mañana, el proyecto queda congelado.

• En octubre de 2025: tras intensas negociaciones, el Tesoro concede una prórroga precaria mediante una licencia de seis meses que no autoriza la explotación, sino únicamente la negociación con Caracas y PDVSA, de acuerdo con un proceso por etapas en el que la participación de intereses estadounidenses es obligatoria y los flujos financieros están rigurosamente controlados.

• En febrero de 2026: la OFAC vuelve a modificar su postura y publica licencias generales que abren la vía para que empresas no estadounidenses operen con PDVSA, redefiniendo por cuarta vez el marco jurídico del mismo campo de gas.

Cuatro regímenes jurídicos en tres años para un mismo campo de gas. La licencia de la OFAC no es un marco jurídico, es una válvula de control geopolítico que Washington abre y cierra a su antojo, transformando el derecho en una herramienta de soberanía asimétrica.

Desde enero de 2026, el Tesoro ha estado reconstruyendo metódicamente el marco jurídico de la economía venezolana y, en lugar de suspender las sanciones, Washington ha implementado una serie de licencias dirigidas para orquestar una reapertura sectorial bajo supervisión, de forma continua:

• Flujos de producción: la licencia 46 autoriza a las entidades estadounidenses establecidas a exportar el petróleo crudo venezolano, mientras que la licencia 47 regula la venta de los diluyentes estadounidenses indispensables para su refinación.

• La infraestructura: las licencias 48 y 30B liberan el acceso a bienes, tecnologías y servicios necesarios para restaurar los sectores del petróleo, gas y energía eléctrica, así como las operaciones portuarias y aeroportuarias. Un detalle revelador: la licencia 48 prohíbe expresamente la formación de nuevas empresas conjuntas (joint ventures) en territorio venezolano. Es posible reparar, suministrar y operar, pero no está permitido formar alianzas.

• Inversión y minería: la licencia 49 autoriza la negociación de contratos condicionales de inversión; la licencia 50 abarca las operaciones de petróleo y gas de entidades designadas; y las licencias 51, 54 y 55 extienden el régimen al sector minero, notablemente al oro.

• Finanzas: en abril, las licencias 56 y 57 permiten la negociación de contratos con el propio gobierno y determinadas transacciones con bancos venezolanos específicamente designados. La licencia general 58, del 5 de mayo de 2026, autoriza la prestación de determinados servicios al gobierno venezolano en el marco de la reestructuración de la deuda. Esta es la base jurídica del mandato de Centerview.

Detrás de este sistema, dos mecanismos de bloqueo estructuran todo el dispositivo:

• El primero bloquea los flujos financieros: los pagos destinados a entidades venezolanas sancionadas deben transitar por cuentas bajo el control de los Estados Unidos. Caracas puede producir, Washington se queda con el dinero.

• El segundo bloquea la soberanía: los contratos celebrados con el Estado venezolano o con PDVSA están sujetos a la legislación estadounidense y a la jurisdicción de los tribunales estadounidenses.

Washington ya no se limita a elegir quién tiene derecho a comerciar con Venezuela. Decide a dónde va el dinero, qué ley se aplica, qué tribunal arbitra, y modifica estas reglas mediante una simple actualización.

Sin embargo, es preciso fijar un límite, de lo contrario el panorama sería engañoso. El bloqueo estadounidense es jurídico y financiero, no es territorial. Maduro está preso en Nueva York, pero lo que queda del aparato chavista, las fuerzas armadas y los cuadros intermedios de PDVSA todavía controlan las válvulas, las instalaciones de producción y las carreteras. Por lo demás, la flota fantasma que transporta petróleo crudo a precio de descuento hacia Asia, con China a la cabeza, nunca ha dejado de operar, y una parte de la producción continúa escapando del circuito licenciado.

Además, esta economía de intermediación no es bancaria, ya que, desde 2024, PDVSA exige a sus compradores al contado un pago adelantado en USDT, el token digital emitido por la empresa Tether y vinculado al dólar. La magnitud de este cambio va más allá del petróleo, pues la consultora Ecoanalítica estima que, entre el 11 de junio y el 13 de julio de 2026, se negociaron 1.389 millones de USDT solo en la plataforma peer-to-peer de Binance en Venezuela, es decir, unos 44 millones al día, un volumen equivalente a casi tres cuartas partes del valor mensual de las exportaciones petroleras del país.

Podría verse en esto una falla en el mecanismo norteamericano, pero eso sería desconocer al Tío Sam. Así, el 11 de enero de 2026, una semana después de la captura de Maduro, Tether congeló más de 182 millones de dólares distribuidos en cinco billeteras de la red Tron, a solicitud formal de las autoridades judiciales estadounidenses. Un token vinculado al dólar no es una moneda soberana: se trata de un pasivo de una empresa privada que dispone de un botón de apagado.

El canal digital, por lo tanto, no sustrae a Venezuela del control de Washington, sino que desplaza el punto de aplicación de ese control, del banco corresponsal al emisor del token. La cuenta de garantía descrita anteriormente ya tiene su contraparte digital, y esta es tan revocable como una licencia de la OFAC.

III. ¿Cómo entrar en la “lista negra” de Washington?

El nuevo marco redefine el acceso a los recursos venezolanos. La geografía y la historia ya no son suficientes, y ahora es necesario encajar en una de las categorías de la burocracia del Tesoro de los Estados Unidos.

Un caso está fuera de categoría: el de la integración de derecho. Así, los estados federados de los Estados Unidos, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos están automáticamente incluidos en el sistema aduanero y logístico.

Quedan tres modalidades reales de admisión:

• La anterioridad técnica, representada por Curazao y Aruba: sus refinerías y terminales fueron diseñadas para el petróleo crudo pesado venezolano, el flujo nunca cesó totalmente, y Washington se limita a validar una realidad industrial preexistente. La admisión no se negocia, se constata.

• La función de plataforma, representada por Panamá: una admisión puramente logística, dictada por la centralidad del canal y de sus servicios marítimos. El territorio no aporta un recurso, sino un paso obligado.

• La licencia negociada, representada por Trinidad y Tobago: este es el caso más complejo, más comentado y peor comprendido.

Un cuarto caso, el de Colombia, sigue una lógica distinta, ya que el acceso se da a través de la frontera terrestre y de la normalización diplomática directa entre Bogotá y Caracas. El mecanismo es real, pero no es transponible a ningún territorio insular y, por ello, lo dejo de lado.

El análisis del caso de Trinidad oscila entre dos interpretaciones erróneas:

• Capitulación política ante la necesidad de dinero, para unos.

• Simple puesta bajo tutela, para otros.

La realidad es más sutil, ya que Trinidad no firmó ninguna alianza con Venezuela, y el régimen de Maduro, por cierto, había congelado los proyectos conjuntos de gas a finales de 2025, tras el apoyo público de Puerto España al despliegue militar estadounidense en la región. Trinidad obtuvo una autorización de Washington y, bajo el amparo de esa autorización, son los intereses de Shell los que están actuando, con el grupo presionando ya para ampliar el perímetro a otros campos transfronterizos.

Si Trinidad logró negociar de Estado a Estado fue también porque posee un activo único: su infraestructura. El declive de su producción nacional dejó al gigantesco complejo de Atlantic LNG, propiedad parcial de Shell, en subcapacidad crónica. Trinidad aporta, por lo tanto, la planta de licuefacción de la que adolece Venezuela. Su estatus no es ni el de un aliado ni el de un vasallo, sino el de un centro de transformación tolerado en el perímetro estadounidense. Para una pequeña economía insular, este es el mejor acuerdo posible. Pero mi artículo anterior sobre Panamá mostró lo que cuesta la admisión en la órbita de los Estados Unidos: El alineamiento tiene su precio y no garantiza nada.

Cuando el gas se exporte, los ingresos no irán a Caracas. Pasarán por un fondo de garantía validado por el Tesoro, bajo supervisión de los Estados Unidos. Lo que Washington reabrió para Venezuela no es un mercado libre, sino un circuito cerrado, al menos en su vertiente jurídica.

Sin embargo, este sistema choca con una gran incógnita. De los 240.000 millones de deuda, China y Rusia poseen una cuota masiva, ampliamente garantizada por petróleo.

Pekín y Moscú tienen un interés objetivo en que el petróleo crudo se extraiga para que comience la reestructuración, lo que hace improbables los escenarios de bloqueo jurídico frontal. Pero el valor exacto y la naturaleza de los créditos chino-rusos permanecen en secreto, y es ese valor oculto el que determinará el equilibrio final.

Una hipótesis puede resultar interesante. De hecho, una parte significativa de estos créditos no sería reembolsable en dólares, sino en barriles. Si este fuera el caso, Pekín no tiene motivo alguno para oponerse a la reestructuración dirigida por Centerview, dado que ya está siendo atendida, fuera del circuito licenciado, por los cargamentos con descuento que la flota fantasma transporta ininterrumpidamente. Esto explicaría una coexistencia que, de otro modo, sería paradójica: la de un acreedor de primer orden que ha permanecido en silencio y un flujo físico que nunca ha cesado. No se trataría, por lo tanto, de una falla en el sistema estadounidense, sino de la parte del yacimiento a la que Washington renunció a controlar.

IV. El futuro: ¿Qué podría cambiar en cinco años?

• Seguridad: La militarización de la Cuenca del Caribe por parte de los Estados Unidos se está consolidando a largo plazo. Redirigirá las rutas del narcotráfico y colocará a los territorios franceses en una situación ambigua: un espacio de vida y comercio para sus habitantes, pero terreno de operaciones externas para otros.

• El segundo polo: La cuenca no se reorganiza únicamente en torno a Venezuela. En su frontera oriental, Guyana registra uno de los crecimientos petroleros más rápidos del mundo, impulsado por ExxonMobil, con la meta de superar el millón de barriles diarios para 2027, volumen superior a la actual producción venezolana bajo licencia. La disputa sobre el Esequibo añade un foco de tensión militar cuya resolución dependerá en gran medida del destino reservado al régimen interino venezolano. Georgetown ya atrae los capitales, los servicios petroleros y la atención estratégica de los Estados Unidos que Venezuela solo recuperará, en el mejor de los casos, en un segundo plano. Cualquier proyección regional que ignore este polo resulta incompleta, y la Guayana Francesa constituye su frontera inmediata.

• El valor: Las Naciones Unidas estiman los daños causados por el terremoto en 6.700 millones de dólares. La reconstrucción se anuncia como la obra caribeña de la década, y será grande la tentación de enviar allí al sector de la construcción de Guadalupe para capitalizar su rara pericia en resistencia sísmica. Hay que cortar esta idea de raíz, pues el sector de la construcción es precisamente el más inadecuado para posicionarse en ese mercado, por tres razones:

  • Una falta de liquidez insuperable: la exportación de obras públicas exige enormes capacidades de prefinanciación. Ahora bien, según las cifras presentadas en la Conferencia Territorial de Acción Pública de julio de 2026, la deuda de los poderes públicos con las empresas locales roza los 180 millones de euros. Un sector incapaz de cobrar sus facturas en su propio territorio no posee la solidez financiera suficiente para asumir el riesgo financiero de un Estado insolvente.

  • La insolvencia del cliente: En esta fase, el pagador no existe. Si se adopta el modelo de cuenta de garantía, los ingresos del petróleo servirán para saldar a los acreedores soberanos mucho antes de financiar las obras. El pago de las obras dependería, por tanto, de financiadores externos, lo que añadiría una capa de incertidumbre insostenible para una PYME.

  • Una asimetría competitiva abrumadora: en obras de gran envergadura, la ingeniería "local" se enfrentará de frente a los gigantes chinos, turcos, brasileños y colombianos.

• El estatus: El precedente de Trinidad y Tobago crea una norma regional que puede resumirse de la siguiente manera: en esta región, la capacidad de acción económica pasa, de ahora en adelante, por una autorización administrativa extranjera, obtenida al término de una negociación conducida en su propio nombre. Los territorios que no puedan, o no quieran, negociar en su propio nombre quedarán sujetos a las decisiones de los demás, incluso cuando esas decisiones se apliquen a sus aguas, a sus suministros y a sus rutas marítimas.

El valor generado por la reconstrucción venezolana será captado en Puerto España, en Colón o incluso en Nueva York.

Marco Alves

Máster en Ciencias Políticas por la Universidad de París Oeste Nanterre, en Derecho Internacional y Europeo por la Universidad de Grenoble Alpes y en Relaciones y Negocios Internacionales por el Instituto de Relaciones Internacionales de París (ILERI).

Ha desarrollado su actividad profesional en 30 países, entre ellos Brasil, donde trabajó durante 10 años, colaborando con el Gobierno del Estado de Pernambuco como especialista en desarrollo. Trabajó para diversas ONG en el continente africano como especialista en reactivación económica en zonas de posconflicto.

En la actualidad, es director de una consultora internacional especializada en ciencias e ingeniería social con operaciones en Burkina Faso, Costa de Marfil, Malí y Níger. Es corresponsal para Francia y Europa de la emisora de radio CBN Recife, preside la Asamblea del IFSRA (Institute for Social Research in Africa) y colabora como emprendedor social, conferenciante y mentor con la organización internacional MakeSense. Asimismo, se desempeña como consultor en inteligencia estratégica y gestión de riesgos para el sector empresarial.