Europa y el futuro incierto: entre la crisis de identidad, la política de las pasiones y el declive de la racionalidad estratégica
Wesley S. T. Guerra
Gestor del Fondo Europeo de Cooperación Triangular
Europa atraviesa uno de los períodos más complejos de su historia contemporánea.
El proyecto de integración que, durante décadas, fue presentado como una de las mayores experiencias de cooperación supranacional, estabilidad democrática y prosperidad social, comienza a mostrar signos de agotamiento político, económico e institucional. No se trata necesariamente del fin de la Unión Europea, ni tampoco de la desaparición de su relevancia internacional, sino de una profunda transformación de sus condiciones de existencia. El continente que se acostumbró a exportar modelos de gobernanza, defender el multilateralismo y presentar el Estado del bienestar como una alternativa al capitalismo más desregulado se encuentra hoy ante una pregunta incómoda: ¿qué Europa pretende ser en las próximas décadas?
La sucesión de crisis que ha marcado los últimos quince años ayuda a comprender esta transformación. Primero, la crisis financiera internacional y los años de recesión que afectaron especialmente a los países del sur de Europa, poniendo de manifiesto las fragilidades de una unión monetaria que no había desarrollado instrumentos fiscales y políticos suficientemente integrados para afrontar perturbaciones asimétricas. Grecia, Portugal, España e Italia experimentaron distintos grados de austeridad, desempleo, endeudamiento y deterioro de las condiciones sociales. La crisis del euro dejó una primera cicatriz: la percepción de que la solidaridad europea tenía límites bastante claros cuando entraban en juego los intereses financieros y las prioridades de los Estados más poderosos.
A continuación, la crisis migratoria del Mediterráneo puso a prueba los principios de solidaridad, responsabilidad compartida y libre circulación que sustentaban el discurso europeo. La llegada de cientos de miles de personas, especialmente en 2015, puso de manifiesto la ausencia de una verdadera política migratoria común y profundizó las divergencias entre los gobiernos nacionales. Mientras algunos países defendían mecanismos de reparto de responsabilidades, otros optaban por el cierre de fronteras y la transferencia de las cargas a los Estados de primera entrada. La migración, que debería abordarse como una cuestión demográfica, humanitaria, económica y de integración social, se convirtió progresivamente en uno de los principales instrumentos de movilización electoral.
La paradoja es que este debate tiene lugar en un continente que envejece rápidamente, presenta tasas de natalidad insuficientes para garantizar el reemplazo generacional y afronta dificultades crecientes para mantener su fuerza laboral. Según las proyecciones de Eurostat, la población de la Unión Europea, estimada en 451,8 millones de habitantes en 2025, alcanzará un máximo de aproximadamente 453,3 millones en 2029 y, posteriormente, iniciará una trayectoria descendente hasta situarse en torno a los 398,8 millones en 2100. El envejecimiento no es una hipótesis lejana, sino una realidad que ya ejerce presión sobre los sistemas de pensiones, los servicios sanitarios, el mercado laboral y las cuentas públicas. https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/ddn-20260416-1
El Brexit representó otra ruptura significativa, al demostrar que la integración europea no era un proceso irreversible. Por primera vez, un Estado miembro decidió abandonar el bloque, creando un precedente político y simbólico que debilitó el relato de una integración cada vez más profunda. Poco después, la anexión rusa de Crimea, en 2014, y, sobre todo, la invasión a gran escala de Ucrania, en febrero de 2022, devolvieron la guerra convencional al centro de la agenda estratégica europea. La pandemia de COVID-19, por su parte, puso de manifiesto la dependencia industrial y farmacéutica del continente, las limitaciones de los sistemas sanitarios nacionales y las dificultades de coordinación ante una emergencia transnacional.
Cada una de estas crisis podría haber funcionado como una oportunidad para profundizar la integración y desarrollar mecanismos colectivos de respuesta. Sin embargo, en muchos casos, el resultado fue el fortalecimiento de las agendas nacionales, la fragmentación del debate público y el crecimiento de fuerzas políticas que cuestionan los propios fundamentos del proyecto europeo.
Ahora, Europa afronta una nueva dimensión de vulnerabilidad: el deterioro de su relación estratégica con Estados Unidos. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, en una segunda administración marcada por una postura más confrontativa hacia sus aliados, ha introducido nuevas incertidumbres sobre la seguridad transatlántica. La exigencia de que los miembros de la OTAN amplíen sus inversiones en defensa hasta alcanzar el 5 % del PIB anual, conforme al compromiso alcanzado en la Cumbre de La Haya de 2025, representa un cambio significativo en las prioridades presupuestarias de los gobiernos europeos.
Es importante señalar que este compromiso contempla al menos un 3,5 % del PIB para gastos militares básicos y hasta un 1,5 % para otros gastos relacionados con la seguridad, las infraestructuras, la resiliencia y la defensa. El objetivo deberá alcanzarse antes de 2035, por lo que no constituye una exigencia de desembolso inmediato. Aun así, su dimensión política y fiscal resulta evidente: los gobiernos europeos tendrán que conciliar el aumento de las inversiones en defensa con sociedades que demandan más recursos para sanidad, educación, vivienda, pensiones y protección social. https://nato.int/en/about-us/official-texts-and-resources/official-texts/2025/06/25/the-hague-summit-declaration
La cuestión no consiste en debatir si Europa necesita o no desarrollar una mayor autonomía defensiva. La invasión de Ucrania ha demostrado que la seguridad continental no puede depender exclusivamente de garantías externas. El problema está en comprender cómo financiar esta transformación sin comprometer los fundamentos sociales que han dado legitimidad al modelo europeo. Al fin y al cabo, ¿de qué sirve construir una potencia militar si, paralelamente, se deterioran las condiciones materiales que sostienen la cohesión de sus sociedades?
El panorama económico tampoco ofrece grandes motivos para la tranquilidad. Alemania, tradicional motor industrial y económico del bloque, atravesó dos años de recesión antes de registrar un crecimiento de apenas el 0,2 % en 2025. Francia, por su parte, afronta un bajo crecimiento, elevados déficits públicos y una deuda que, según las proyecciones de la Comisión Europea, podría superar el 120 % del PIB en 2027. La crisis económica ya no se limita a las economías periféricas, como ocurría durante la crisis del euro. Alcanza ahora al propio núcleo político y productivo de la Unión Europea.
A ello se suman las tensiones energéticas y geopolíticas en Oriente Medio, incluidos los riesgos asociados al estrecho de Ormuz, una de las principales rutas mundiales de transporte de petróleo. Cualquier interrupción prolongada del tráfico marítimo en este paso tiene capacidad para repercutir en los precios de la energía, la inflación y la actividad industrial europea. En un continente que todavía intenta reducir su dependencia energética exterior, las crisis en el golfo Pérsico demuestran que la vulnerabilidad estratégica europea no se limita a sus fronteras geográficas.
En este contexto, las manifestaciones populares, el descontento por el coste de la vida, la crisis de la vivienda, la presión sobre los servicios públicos y la creciente polarización política han pasado a formar parte de un paisaje recurrente en las principales ciudades europeas. El ciudadano percibe que trabaja más, encuentra mayores dificultades para acceder a una vivienda digna, se enfrenta a unos servicios públicos cada vez más presionados y observa que sus gobiernos parecen tener cada vez menos capacidad para ofrecer respuestas estructurales. Es en este espacio de frustración donde prosperan discursos políticos simplificadores, frecuentemente basados en la identificación de enemigos, la construcción de culpables y la promesa de soluciones inmediatas a problemas que requieren planificación a largo plazo.
En este contexto, es posible identificar la formación de una especie de pathocracia, entendida aquí como una metáfora de una política gobernada por las pasiones, los resentimientos y la confrontación permanente entre identidades, en detrimento de la racionalidad administrativa, la evidencia y la capacidad de gestión. No se trata de afirmar que las democracias europeas hayan dejado de existir, sino de reconocer que el debate democrático parece estar cada vez más condicionado por la intensidad emocional de los relatos políticos. La política deja de ser prioritariamente un espacio de negociación entre intereses divergentes y pasa a funcionar, en determinadas circunstancias, como un mecanismo de movilización permanente de miedos y antagonismos.
El avance de la extrema derecha europea es una de las expresiones de este fenómeno, aunque no constituye su única causa ni puede explicarse exclusivamente por la cuestión migratoria. En Francia, por ejemplo, el discurso de la priorité nationale pretende establecer una distinción entre ciudadanos y extranjeros en el acceso a determinados derechos y prestaciones. Sin embargo, la propia realidad demográfica francesa demuestra la complejidad de esta separación. Según el INSEE, en 2024 había 7,6 millones de inmigrantes viviendo en Francia, mientras que millones de ciudadanos franceses pertenecían a generaciones posteriores de familias migrantes. En 2025, los descendientes de inmigrantes de origen africano ya representaban el 48,3 % del conjunto de descendientes de inmigrantes contabilizados por el instituto. Se trata de personas nacidas en Francia, muchas de ellas con vínculos culturales, lingüísticos y sociales plenamente franceses.
La historia francesa, además, es inseparable de su diversidad territorial, cultural y poblacional. Desde la inmigración europea del siglo XX hasta los flujos procedentes del Magreb, del África subsahariana y de otras regiones, la formación de la sociedad francesa ha estado marcada por sucesivas oleadas de movilidad humana. Tampoco se puede ignorar la diversidad de las poblaciones de los territorios de ultramar, como la Guayana Francesa, Martinica, Guadalupe y Nueva Caledonia. La idea de una identidad nacional francesa exclusivamente asociada a una matriz étnica caucásica no se corresponde con la complejidad histórica y territorial del propio Estado francés.
En Italia, el debate sobre las deportaciones masivas y los acuerdos para trasladar migrantes a terceros países convive con un problema estructural que rara vez recibe la misma intensidad en el discurso político: el vaciamiento demográfico de determinadas regiones, la concentración económica en el norte del país y la creciente necesidad de trabajadores en sectores como la agricultura, la construcción, la atención a las personas mayores y los servicios. En una sociedad envejecida, la inmigración puede representar parte de la respuesta a la escasez de mano de obra y a la pérdida de dinamismo de territorios que llevan décadas experimentando un declive poblacional. Esto no significa que la inmigración resuelva automáticamente las desigualdades regionales o los problemas de productividad, pero pone de manifiesto la contradicción de tratar la fuerza laboral extranjera como indispensable para la economía y, simultáneamente, como un problema político que debe eliminarse.
En España, la contradicción adquiere otra dimensión. El país debate la necesidad de ampliar drásticamente la oferta de vivienda, acelerar la construcción de inmuebles y afrontar una crisis que afecta especialmente a los jóvenes y a las familias de rentas medias y bajas. La extrema derecha, que encabeza los sondeos, promete construir un millón de viviendas. Sin embargo, el sector de la construcción depende de una fuerza laboral en la que los trabajadores extranjeros ya tienen una presencia significativa. Según el Observatorio Europeo de la Construcción, los trabajadores extranjeros representaban aproximadamente el 25,3 % del empleo en el sector español en 2025, una proporción superior a su participación en el conjunto de la economía, del 15,7 %. A ello habría que añadir a los españoles descendientes de inmigrantes que también trabajan en el sector.
El problema europeo, por tanto, no consiste simplemente en decidir cuántos inmigrantes deben entrar, permanecer o salir. Consiste en construir una política migratoria coherente con la realidad demográfica, las necesidades económicas, la capacidad de integración de los servicios públicos y el respeto a los derechos fundamentales. Convertir la inmigración en una explicación universal de la crisis de la vivienda, la precarización laboral, la inseguridad o las deficiencias de los servicios públicos significa desplazar el debate desde las causas estructurales hacia sus efectos más visibles.
Las contradicciones también aparecen en la política exterior. Europa condena las violaciones del derecho internacional y la catástrofe humanitaria en Gaza, pero los Estados europeos mantienen posiciones diferentes y, en algunos casos, siguen autorizando transferencias de armamento, componentes o tecnologías militares a Israel. El discurso de defensa de los derechos humanos convive así con decisiones nacionales que no siempre son coherentes con los principios proclamados. La misma tensión puede observarse en Ucrania: los gobiernos defienden la reducción de determinados gastos públicos y la disciplina presupuestaria, pero movilizan recursos extraordinarios para apoyar la defensa ucraniana y ampliar sus propias capacidades militares. Es posible defender la seguridad de Ucrania y, al mismo tiempo, cuestionar la transparencia, el reparto de los costes y la sostenibilidad fiscal de estas decisiones. Lo que no parece sostenible es evitar el debate sobre las prioridades y sus efectos sociales.
La cuestión de Groenlandia añade otra dimensión a este escenario. En septiembre de 2026, Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia firmaron un nuevo acuerdo de defensa que amplía la presencia militar estadounidense y establece nuevas áreas de defensa en el territorio. El acuerdo reafirma formalmente la soberanía del Reino de Dinamarca y el derecho de autodeterminación del pueblo groenlandés, pero también amplía la influencia operativa estadounidense en el Ártico. No se trata, por tanto, de una transferencia de soberanía territorial, sino de una negociación que demuestra cómo los intereses estratégicos de Estados Unidos pueden redefinir, en la práctica, los espacios de decisión y seguridad europeos. https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-12214/
Estas contradicciones no son necesariamente pruebas de hipocresía en todos los casos. Gobernar significa administrar intereses contrapuestos, establecer prioridades y tomar decisiones difíciles. El problema surge cuando los gobiernos dejan de explicar los costes y las consecuencias de sus decisiones, sustituyendo la transparencia por eslóganes y la estrategia por la comunicación electoral.
Europa construyó parte de su relevancia internacional precisamente sobre su capacidad para transformar conflictos históricos en instituciones, intereses nacionales en compromisos compartidos y rivalidades políticas en mecanismos de negociación. Fue esta experiencia la que permitió al continente consolidar un modelo de integración sin precedentes históricos. Sin embargo, la actual fragmentación del debate público pone en riesgo uno de los principales activos europeos: la capacidad de generar consensos y proyectar una visión común de futuro.
El desafío europeo no consiste en elegir entre seguridad y bienestar social, entre identidad nacional y diversidad cultural, entre competitividad económica y protección medioambiental, o entre soberanía e integración. El verdadero desafío es comprender que estas dimensiones deben conciliarse mediante instituciones capaces de planificar, negociar y ejecutar políticas públicas coherentes.
Europa todavía cuenta con universidades, centros de investigación, infraestructuras, capacidad industrial, mercados integrados, instituciones democráticas y un patrimonio diplomático que le confieren relevancia global. Sin embargo, estos activos no garantizan automáticamente su influencia futura. En un sistema internacional marcado por la competencia entre grandes potencias, la transformación tecnológica, la disputa por los recursos estratégicos y la reorganización de las cadenas productivas, la ausencia de una estrategia común puede convertir ventajas históricas en vulnerabilidades.
Quizá la cuestión más importante no sea determinar si Europa está en declive, sino comprender si todavía posee la capacidad política necesaria para reconocer sus propias contradicciones y corregirlas. El continente que enseñó al mundo que la cooperación institucional podía superar siglos de rivalidades nacionales necesita demostrar que todavía es capaz de aplicar esa misma racionalidad a su propia supervivencia.
Porque una Europa que envejece, que no consigue conciliar sus necesidades demográficas con sus políticas migratorias, que exige más recursos para la defensa mientras intenta preservar su modelo social, que proclama principios universales pero encuentra dificultades para aplicarlos de manera coherente y que transforma los problemas estructurales en batallas electorales corre el riesgo de perder no solo influencia internacional, sino también la confianza de sus propios ciudadanos.
El futuro europeo no estará determinado exclusivamente por Washington, Moscú, Pekín o los conflictos en Oriente Medio. Estará determinado, sobre todo, por la capacidad de sus propios gobiernos e instituciones para decidir qué tipo de sociedad pretenden preservar y qué papel desean desempeñar en el mundo.
Europa no necesita necesariamente volver a ser lo que fue. Necesita, ante todo, comprender en qué se ha convertido.






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