Bombas, Deudas y Soberanía: La Crisis del Orden y del Derecho Internacional en el Siglo XXI

La escalada de tensiones en Oriente Medio ha vuelto a poner en evidencia una realidad que con frecuencia es ignorada en las narrativas simplificadas sobre la política internacional: el sistema global funciona menos como un tribunal y más como un espacio permanente de disputa entre intereses, capacidades y límites estructurales del poder. El reciente aumento de la intensidad del conflicto en la región ya involucra, directa o indirectamente, a más de once países, transformando el escenario en un complejo teatro geopolítico donde estrategias militares, intereses económicos y cálculos políticos se superponen continuamente.

Este proceso revela una característica central de las guerras contemporáneas: rara vez permanecen confinadas al territorio donde comenzaron. Por el contrario, tienden a irradiar efectos regionales y globales, ya sea a través de alianzas militares, dependencias energéticas, redes comerciales o presiones diplomáticas. En un sistema internacional profundamente interdependiente, un conflicto regional se convierte rápidamente en un problema sistémico.

En este contexto, el protagonismo militar ejercido por Estados Unidos e Israel impone un conjunto de costes que van mucho más allá del campo de batalla. El esfuerzo bélico contemporáneo no se limita a la financiación de operaciones militares directas. Exige el mantenimiento de una compleja arquitectura estratégica compuesta por bases militares, sistemas de defensa antimisiles, redes de inteligencia, patrullaje naval, logística global y protección de aliados.

Este aparato implica recursos financieros extraordinarios y requiere una capacidad constante de proyección de poder. Cuanto más amplia se vuelve el área de conflicto, mayor es el coste de mantener este dispositivo operativo. La protección ofrecida a los países aliados se convierte, en este escenario, en un elemento central de la credibilidad estratégica estadounidense. Sin embargo, episodios recientes indican que esa protección no siempre es capaz de impedir ataques o garantizar la estabilidad regional, lo que produce efectos políticos relevantes. En geopolítica, la percepción de vulnerabilidad puede ser tan impactante como los daños materiales provocados por un ataque.

Del otro lado del conflicto, la estrategia iraní parece orientarse por una lógica distinta. En lugar de concentrar el enfrentamiento en un único teatro de operaciones, Irán ha buscado ampliar la dimensión regional del conflicto, directa o indirectamente. Al estimular múltiples focos de tensión a través de aliados, milicias o presiones indirectas, Teherán busca aumentar el coste operativo del adversario y diluir la capacidad de respuesta estadounidense.

Esta estrategia de dispersión tiene efectos importantes. Cuanto mayor es el número de frentes simultáneos, mayor es la necesidad de redistribución de fuerzas, mayor el desgaste logístico y mayor la presión diplomática sobre los actores implicados. La ampliación del conflicto transforma una guerra localizada en un problema estructural para la arquitectura de seguridad internacional.

La Unión Europea se encuentra en una posición particularmente compleja en este escenario. La participación indirecta en el esfuerzo estratégico occidental, en gran medida mediada por la Organización del Tratado del Atlántico Norte, implica costes financieros y políticos significativos. El aumento del gasto militar se ha convertido en una realidad inevitable para varios países europeos, que ya acumulan miles de millones de euros en inversiones adicionales en defensa.

Este aumento se produce en un contexto económico delicado. Muchas economías europeas enfrentan elevados niveles de endeudamiento público, crecimiento económico moderado y crecientes presiones sociales internas. Al mismo tiempo, la guerra en Ucrania continúa demandando recursos políticos, militares y financieros significativos, prolongando un conflicto que ya ha alterado profundamente el equilibrio de seguridad en el continente.

Esta combinación de factores —guerra prolongada en Europa Oriental, tensiones crecientes en Oriente Medio y necesidad de rearme— genera una presión estructural sobre los presupuestos nacionales europeos. La política fiscal de muchos países del bloque ya enfrenta límites significativos, mientras el debate público se vuelve cada vez más sensible al aumento del gasto militar en detrimento de las políticas sociales.

La dimensión económica de estas tensiones también se manifiesta en el ámbito comercial. Las relaciones transatlánticas atraviesan un momento de creciente fricción, marcado por disputas industriales, políticas proteccionistas y divergencias estratégicas. La firma de un nuevo acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos llegó a ser considerada, pero terminó siendo pospuesta ante las divergencias existentes.

Paralelamente, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur se ha convertido en uno de los temas más controvertidos del debate político europeo reciente. Lo que inicialmente fue concebido como un tratado de integración económica basado en beneficios mutuos se ha transformado en una disputa compleja, marcada por presiones agrícolas, preocupaciones ambientales, tensiones políticas internas y divergencias estratégicas.

En este ambiente de múltiples tensiones, un episodio que involucra a España ilustra de manera particularmente clara los límites y las ambigüedades de las alianzas contemporáneas. El gobierno español fue objeto de presiones tras no autorizar el uso de bases militares estadounidenses situadas en territorio español para operaciones relacionadas con el conflicto regional.

La decisión española se basa en el acuerdo bilateral que regula estas bases, firmado en 1988, que establece explícitamente que el uso de las instalaciones depende de la autorización del gobierno español. Se trata, por tanto, de un derecho soberano previsto en el propio tratado que legitima la presencia militar estadounidense en el país.

La respuesta diplomática de Madrid se fundamentó en la defensa de ese derecho soberano y en la invocación de los principios del Derecho Internacional. El episodio provocó reacciones dentro de la propia Unión Europea, con diversos países manifestando su apoyo a la posición española.

La relevancia de España en este contexto va más allá de su posición geográfica. Como la cuarta mayor economía de la Unión Europea y un actor con fuerte presencia política, cultural y económica en América Latina, el país ocupa un papel estratégico dentro de la arquitectura europea. La solidaridad demostrada por otros miembros del bloque revela la sensibilidad existente en torno a la cuestión de la soberanía dentro de las alianzas occidentales.

Incluso entre aliados tradicionales de Estados Unidos, el nivel de entusiasmo respecto a una escalada militar en Oriente Medio parece limitado. El Reino Unido muestra cautela a la hora de ampliar su implicación directa en el conflicto, mientras otros gobiernos europeos manifiestan preocupación por los riesgos de una expansión regional de la guerra.

La posición de Italia ilustra esta cautela. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, frecuentemente asociada a posiciones políticas cercanas a Washington, expresó públicamente su incomodidad ante la posibilidad de una escalada militar más amplia, afirmando que Italia no está en guerra y no desea estarlo.

Estas declaraciones reflejan una realidad política importante: las alianzas militares formales no eliminan las divergencias estratégicas ni neutralizan las presiones políticas internas. Cada gobierno debe equilibrar compromisos internacionales con demandas domésticas, opinión pública y limitaciones económicas.

Otro elemento central en el escenario actual involucra la posibilidad de una futura transición política en Irán. Entre sectores estratégicos en Washington circula la idea de incentivar un proceso de cambio político inspirado en modelos utilizados en otras crisis internacionales recientes, como el caso de Venezuela.

En ese contexto, se discute la posibilidad de apoyar a figuras asociadas al antiguo régimen monárquico iraní, incluyendo al hijo del último Sha de Persia, quien ya ha manifestado su disposición a participar en un eventual proceso de transición política.

Al mismo tiempo, existe oposición dentro de determinados círculos políticos estadounidenses a la hipótesis de continuidad del actual régimen mediante la sucesión familiar del líder supremo iraní. Sin embargo, la realidad política interna de Irán presenta características distintas a las de otros escenarios donde estrategias similares han sido intentadas. El sistema político iraní demuestra una elevada capacidad de resistencia institucional y parece poco dispuesto a aceptar presiones externas para cambios estructurales.

Entre las grandes potencias globales, las reacciones al conflicto también siguen lógicas distintas. China se encuentra en una posición particularmente sensible debido a su dependencia energética y a la importancia de Irán dentro de determinadas rutas estratégicas de suministro de petróleo. Pekín ha declarado su oposición diplomática al conflicto, pero mantiene su postura tradicional de pragmatismo y no intervención directa.

Rusia, por su parte, permanece relativamente opaca respecto a su posicionamiento estratégico. Las declaraciones oficiales mantienen un tono cauteloso, mientras la guerra en Ucrania continúa absorbiendo gran parte de la atención estratégica del Kremlin. Aun así, cualquier desplazamiento del foco occidental puede representar una ventaja indirecta para Moscú.

Este escenario global refuerza un debate central de la política internacional contemporánea: la relación entre soberanía estatal y la efectividad del Derecho Internacional.

Existe una tendencia recurrente a interpretar el Derecho Internacional a partir de analogías con el derecho interno de los Estados. Esta comparación, aunque intuitiva, es profundamente limitada. El derecho interno surge como resultado de un pacto social que legitima la existencia de una autoridad central —el Estado— capaz de ejercer el monopolio legítimo de la fuerza y garantizar la aplicación coercitiva de las leyes.

En el plano internacional, esa estructura simplemente no existe. No hay un pacto social global que legitime una autoridad central universal. Tampoco existe una institución capaz de hacer cumplir coercitivamente las normas internacionales de manera sistemática.

Las organizaciones internacionales, incluida la Organización de las Naciones Unidas, funcionan bajo un principio fundamental: dependen de la voluntad política de sus miembros. El Derecho Internacional se basa esencialmente en la aceptación voluntaria de normas por parte de los Estados.

Esta aceptación implica, en determinados casos, la cesión de parcelas de soberanía. Sin embargo, esa cesión posee características muy específicas: es limitada, estratégica y, sobre todo, reversible. Un Estado puede adherirse a tratados internacionales, participar en organizaciones multilaterales e incorporar normas internacionales a su legislación interna. Pero también puede revisar esos compromisos, renegociarlos o abandonarlos.

Incluso los procesos de internalización jurídica —que buscan incorporar obligaciones internacionales al derecho interno— permanecen sujetos a cambios políticos e institucionales. La reversibilidad es una característica estructural del sistema internacional.

Este hecho plantea cuestiones fundamentales sobre la arquitectura de la gobernanza global. Si el Derecho Internacional depende esencialmente de la voluntad de los Estados, su eficacia está inevitablemente condicionada por la correlación de fuerzas existente en el sistema internacional.

En este contexto, la actuación de las grandes potencias redefine con frecuencia los límites prácticos de la legalidad internacional. Episodios históricos que involucran intervenciones militares demuestran que decisiones estratégicas pueden tomarse incluso frente a controversias jurídicas significativas, como ocurrió durante las guerras en Afganistán e Irak.

En el caso actual, un elemento particularmente controvertido involucra el proceso decisorio interno de los propios Estados Unidos. Según determinados analistas jurídicos, la decisión de ampliar operaciones militares no habría sido sometida formalmente al Congreso estadounidense, como tradicionalmente exige el sistema constitucional del país en relación con el uso de la fuerza.

Este punto plantea una ironía política significativa. Incluso contando con una mayoría política suficiente para obtener la aprobación legislativa, la decisión habría sido conducida sin recurrir plenamente al proceso formal previsto por el derecho interno estadounidense.

Esta situación revela una contradicción recurrente en el funcionamiento de la política internacional: la distancia entre los principios jurídicos invocados en el discurso político y las prácticas efectivamente adoptadas por los Estados cuando los intereses estratégicos están en juego.

En última instancia, el escenario actual revela un sistema internacional marcado por profundas tensiones estructurales. La interdependencia económica global convierte cada conflicto en potencialmente sistémico, mientras que las instituciones multilaterales demuestran una capacidad limitada para contener disputas entre grandes potencias.

La soberanía estatal continúa siendo el principio organizador fundamental de la política internacional. Al mismo tiempo, los desafíos contemporáneos —conflictos regionales, crisis energéticas, tensiones comerciales y transformaciones tecnológicas— exigen niveles crecientes de cooperación internacional.

Esta tensión entre soberanía y gobernanza global define gran parte de los dilemas estratégicos del siglo XXI. La guerra en Oriente Medio, con todas sus implicaciones regionales y globales, no es solo un conflicto militar. Es también un espejo de las limitaciones estructurales del sistema internacional contemporáneo.

Wesley Sá Teles Guerra es especialista en cooperación internacional y paradiplomacia, con sólida formación en instituciones de referencia internacional. Es fundador del Centro de Estudios de Relaciones Internacionales (CERES), en Brasil, y actualmente se desempeña como gestor del Fondo de Cooperación Triangular entre Europa, América Latina y África en la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), con sede en Madrid.

A lo largo de su trayectoria ha realizado estudios en instituciones como el CPE de Barcelona (Negociaciones Internacionales), la FESPSP (Relaciones Internacionales y Ciencia Política), la Universidad de A Coruña – UDC (Máster en Políticas Sociales y Migraciones), el MIB de Massachusetts (MBA en Marketing Internacional), la Universidad de Andorra (Máster en Smart Cities) y es doctorando en Sociología por la UNED (España).

Es autor de los libros Cadernos de Paradiplomacia, Paradiplomacy Reviews y Manual de supervivencia de las Relaciones Internacionales. Participa regularmente en foros internacionales sobre ciudades inteligentes, gobernanza global y paradiplomacia, y fue comentarista invitado de la emisora CBN Recife. También fue finalista del Premio ABANCA de investigación académica. Además, integra redes y plataformas como CEDEPEM, ECP, Smart Cities Council y REPIT, con activa participación en el ámbito internacional.